Cristina Fernández de Kirchner, líder del Partido Justicialista y dos veces presidenta de Argentina, publicó un contundente mensaje en redes sociales tras la ratificación de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En él, advierte que su vida correría peligro si no se le concede la prisión domiciliaria solicitada por sus abogados, basándose en el atentado que sufrió en 2022 y en su estatus de ex jefa de Estado.

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La ex presidenta argentina fundamenta su pedido en el intento de magnicidio de 2022 y en su custodia obligatoria como exmandataria, tras la confirmación de su condena.

La dirigente, de 72 años, también expresó que se presentará ante los Tribunales el próximo miércoles 18 de junio. «No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales», expresó al respecto.

En su publicación, Fernández de Kirchner arremetió contra el máximo tribunal, al que calificó como un «triunvirato títere del poder económico», y vinculó su condena —por corrupción en la obra pública durante su gobierno (2007-2015)— con una «proscripción política». Sin embargo, el núcleo de su argumento radica en la seguridad personal:

«El 1 de septiembre de 2022 fui objeto de un intento de magnicidio (…). La bala no salió por un verdadero milagro. Los autores materiales están siendo juzgados, pero el ‘Partido Judicial’ no avanzó contra los intelectuales», escribió, en referencia al ataque con un arma a quemarropa que sufrió frente a su residencia, cuando una pistola falló al accionarse.

Sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, ampliaron los argumentos en un escrito judicial (presentado ante el Tribunal Oral Federal N°2), donde destacaron que, como expresidenta, Fernández de Kirchner tiene derecho a custodia vitalicia por ley, un servicio incompatible con un régimen carcelario.

Además, señalaron que su ingreso a una prisión común la obligaría a un aislamiento extremo —por los riesgos de convivir con otros reclusos—, lo que violaría estándares internacionales de derechos humanos.

El pedido de prisión domiciliaria, compartida en la publicación, se ampara en tres ejes:

1. Seguridad institucional: La ley argentina exige protección permanente para expresidentes, con protocolos que no pueden aplicarse en una cárcel.
2. Riesgo de muerte: El fallido atentado de 2022 —atribuido por la exvicepresidenta a sectores políticos y económicos— demostraría que su vida está en peligro.
3. Edad y salud: La ley 24.660 permite el arresto domiciliario para mayores de 70 años.

Además, el escrito se ampara en la Ley de Inteligencia Nacional (25.520) y decretos presidenciales que garantizan seguridad vitalicia a exmandatarios, así como también las Reglas Mandela de la ONU, que prohíben condiciones carcelarias inhumanas.

También menciona que, de ser encarcelada, requeriría un aislamiento permanente por seguridad, lo que equivaldría a un «trato cruel» según fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En adelante, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 deberá resolver si acepta su solicitud o ordena su ingreso a una cárcel común, una decisión que podría apelarse ante la Corte Suprema de Justicia e incluso llegar a instancias internacionales.

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